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¿Se puede acabar con la temida obsolescencia programada?

¿Se puede acabar con la temida obsolescencia programada?

Con esta práctica, que se remonta a los años 20, se planifica y limita la vida útil de distintos productos, como los electrodomésticos o los teléfonos móviles.


Reforzar la normativa española y educar a la sociedad en el consumo responsable son algunas de las medidas que se proponen para acabar con la obsolescencia programada, una estrategia utilizada por algunos fabricantes para planificar y limitar la vida útil de sus productos electrónicos.

En España, el Gobierno modificó en febrero de 2015 el Real Decreto sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y estableció que los fabricantes "deberán diseñar y producir sus aparatos de forma que se prolongue en lo posible su vida útil, facilitando entre otras cosas, su reutilización, desmontaje y reparación". Esta modificación supone, para la portavoz de Consumo del PP, María Teresa Angulo, un avance en la materia, aunque "hay que insistir en la necesidad de una mayor transparencia al consumidor sobre la vida útil y elaboración de los productos electrónicos".

El PSOE va más allá y pide modificar la legislación para que se considere "falta grave a esta producción", según ha señalado la portavoz de Consumo del PSOE, Pilar Serrano, para quien debería asegurarse también la existencia de piezas de recambio y la ampliación de la garantía legal de los productos a la vida útil del producto. Los problemas con las garantías de los productos, a los que alude Serrano, son una de las causas de reclamación que llegan al Centro Europeo del Consumidor en España (ECC).

Según ha explicado el coordinador de este centro, José Tamames, el problema es que "no podemos probar que el producto haya sido programado intencionadamente".

"Este tipo de prácticas son contrarias tanto al bolsillo de los consumidores como al medio ambiente", ha afirmado, por su parte, el responsable de relaciones institucionales de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Enrique García. Esta asociación pide al Gobierno una Ley contra la obsolescencia programada, una norma que ya existe en Francia desde 2015 y con la que se castiga a los fabricantes que establezcan de forma predeterminada la durabilidad de un producto con una pena de prisión de dos años y una multa de hasta 300.000 euros.

Desde la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Electrodomésticos (ANFEL) comparten la idoneidad de este texto y abogan por la existencia de una norma similar en España. "En este sector, altamente competitivo y con múltiples actores en el mercado en competencia directa, nuestros asociados son los primeros y los más interesados en cuidar al máximo sus marcas comerciales, incluyendo el diseño, la fiabilidad y la calidad de los productos que ofrecen" destaca la asociación.

Dar una segunda vida a estos productos, principalmente a teléfonos móviles y tabletas, es el objetivo de Back Market España, cuyo director, Alexander Thomas, ha abogado por educar a las nuevas generaciones y pasar del consumo masivo al consumo sostenible.

Contribuir al desarrollo sostenible y acabar con la obsolescencia programada es también el objetivo de la Fundación Energía e Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada (FENISS). Para ello, ha creado el sello ISSOP, con el que se busca distinguir "a las empresas que se esfuerzan en ofrecer a sus clientes productos de calidad, con la máxima durabilidad que permite la tecnología, reparables, y actualizables", según ha señalado el presidente de FENISS, Benito Muros.

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