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Recortes en las Fuerzas Armadas

Los recortes en mantenimiento conducen a España a tener un "Ejército bonsái"

J. Calderón / Un informe de a Fundación Alternativas apunta que la situación del Ministerio de Defensa conducirá a España a tener unas Fuerzas Armadas con materiales punteros que no podrá utilizar por falta de presupuesto

Los pagos comprometidos a las industrias de defensa implicadas en los 19 programas especiales de armamento y los recortes en mantenimiento convertirán a las Fuerzas Armadas, según un informe de la Fundación Alternativas, en un “Ejército bonsái”, con un amplio espectro de materiales pero sin la posibilidad de utilizarlos por la imposibilidad de dedicar el presupuesto suficiente para mantenerlos operativos.

La fundación ha presentado esta mañana el informe “El impacto de la crisis económica en la Defensa: autónoma irrelevancia o acción combinada”, elaborado por el investigador Bernardo Navazo con la colaboración, entre otros, del ex secretario de Estado de Defensa Constantino Méndez, el vicepresidente ejecutivo de la fundación, Nicolás Sartorius, y el ex diputado del PSOE Jordi Marsal.

Las conclusiones del informe, similares a las evaluaciones presentadas por Méndez en septiembre de 2011, poco antes de dejar el cargo en el Ministerio, son demoledoras: el Ministerio de Defensa está en una situación de “colapso financiero”, con unos compromisos de pago a la industria de unos 3.500 millones de euros anuales desde 2012 hasta 2025, mientras que “la proyección de la asignación presupuestaria media anual para dicho capitulo el mismo periodo se acerca a los 1.300 millones”. Así, “el Ministerio de Defensa tiene un desfase entre ingresos y gastos” de “más de 2.200 millones de euros al año durante la próxima década y media”.

El documento presenta una comparación con la situación económica de los Ministerios de Defensa de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, concluyendo que en estos países se han ejecutado tres medidas frente a las restricciones económicas: la reducción del personal de los Ejércitos; el desmantelamiento de grandes sistemas de armamento, entre los que destaca la eliminación de carros de combate en Holanda, Reino Unido y Alemania; y la reducción de unidades solicitadas de los nuevos sistemas programados, algo que, incide repetidamente el informe, no ha hecho aún España.

Las diferencias entre el presupuesto inicial en 2012 (6.316 millones de euros) y el finalmente ejecutado (9.607 millones) es de un 30.69%. El desfase, explica Navazo, motivado por la inclusión de los organismos autónomos dependientes de Defensa, el coste de las misiones en el exterior y el crédito extraordinario para los programas especiales, matiza “la sabiduría popular sobre el Minsterio de Defensa”, que entre 2007 y 2013 habría sufrido un recorte de un 8,7%, “cantidad alejada de lo que se suele comentar públicamente” (un 28%, según el secretario de Estado, Pedro Argüelles).

El Ejército quedará inoperativo antes que obsoleto

El investigador incide en que Defensa ha blindado las adquisiciones con “leves retrasos y refinanciaciones”, priorizando los recortes en los capítulos de mantenimiento y personal, lo que “está poniendo en peligro la seguridad del Estado”. Por eso, aconseja “priorizar sesudamente” lo que se considere necesario y “recortar, compartir e hibernar” el resto de capacidades. Si no se hace así, “el ejército quedará inoperativo antes que obsoleto”.

"El proceso de modernización de los PEA (Programas Especiales de Armamento) puede provocar la parálisis operativa de las Fuerzas Armadas", insiste Navazo, que señala varias soluciones para resolver la "deuda de Defensa": la compensación de los 14.000 millones de euros que las empresas deben al Ministerio de Industria; la colaboración con otros países para compartir capacidades; la revisión del sistema de adquisiciones y un ejercicio de priorización que permitiría "llevar a cabo de manera racional los recortes a los que el Ministerio se verá forzado". Sin embargo, esta priorización se ve afectada por la falta de un "documento estratégico maestro apoyado por la mayoría del espectro político" que indique los riesgos y amenazas y que señale los objetivos estratégicos de la segunda década del s. XXI.

La propuesta para renegociar los programas especuales de armamento es similar a la utilizada por el ministro de Defensa alemán, Thomas de Meziére, quien ha planteado a las empresas la disyuntiva de abonar todos y cada uno de los pagos, a costa de ser incapaz de adquirir nuevos sistemas para tener capacidades futuras, o renegociar reducciones o cancelaciones de los contratos actuales, asegurando así encargos a medio plazo.

Unos compromisos de difícil cumplimiento

El ex secretario de Estado Constantino Méndez ha reconocido que el problema de los programas especiales de armamento "no es coyuntural, sino estructural", provocado por la escasez presupuestaria y la "mala planificación", aunque ha resaltado la importancia de estos contratos para la adquisión de la base tecnológica e industrial con la que cuenta España.

Méndez, como hizo poco antes de dejar su cargo en el Ministerio, ha insistido en que los pagos comprometidos hasta 2025 son "de difícil cumplimiento" y ha urgido a buscar una solución viable. De no ser así, ha dicho, España se limitará en el futuro, como ya ocurrió en el pasado, a ser un país comprador de tecnologías desarrolladas por otros.

Julián García Vargas, ex ministro de Defensa y actual presidente de la Asociación Española de Empresas de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), ha reconocido que la lista de capacidades contratadas "podría haberse estudiado mejor", en un momento en el que hubo una "acumulación de peticiones de los cuarteles generales".

García Vargas, ministro de Defensa entre 1991 y 1995, antes de que se firmaran los primeros contratos, ha señalado que "es muy fácil equivocarse en una época de aceleración histórica". De cualquier manera, el presidente de TEDAE ha insistido en la necesidad de que exista seguridad jurídica y de que se cumplan los contratos firmados -o al menos se renegocien-, porque "no se puede decidir no pagar de forma unilateral".

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