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    3 de septiembre de 2014
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La Ley de Derechos y Deberes del Militar

Jorge Ortega, General de División

Última actualización 11/02/2010@00:00:00 GMT+1
Resulta sorprendente que, según los propios medios señalan, se pretenda aplicar a los militares una normativa ampliamente distinta de la correspondiente a la Guardia Civil.

La alusión a un futuro debate sobre los derechos y deberes de los militares, incluida en la intervención de la Ministra de Defensa Carme Chacón con motivo de la celebración de la Pascua Militar el pasado día de Reyes, requiere algunos comentarios formales, ya que los de fondo deberán esperar a disponer de borradores del correspondiente anteproyecto para poder expresar cualquier opinión.

Sin embargo, el propio anuncio ya debiera servir de satisfacción al mundo castrense que espera una regulación formal de sus derechos y deberes, nada menos que desde la promulgación de la Constitución, que únicamente regula de una forma muy general las excepciones que afectan al personal militar respecto del resto de ciudadanos españoles. Pero, de una manera más inmediata, los militares esperaban expectantes disponer del referido marco legal desde el año 1999, en el que la Ley de Personal (17/99) señalaba 2003 como la fecha límite en que dichos derechos y deberes debieran estar regulados por la correspondiente ley orgánica. Sin embargo, ni la inclusión de la misma en los programas electorales del partido ganador de las elecciones de 2004 y 2008, ni la obligación legal en un plazo de tres meses, del envío a las Cortes del correspondiente proyecto de ley, tal como marcaba la Ley Orgánica de la Defensa Nacional del año 2005, han servido para que los gobiernos de turno inicien los estudios y debates de la misma.

En su alocución, la ministra del ramo se expresaba con estas palabras ampliamente difundidas por los medios: “En cuestiones militares la única aritmética parlamentaria que vale es la suma (…) No puede haber unas Fuerzas Armadas a la medida de cada Gobierno”. Resulta lamentable que tal concepto, que de seguro cuenta con el apoyo de todo el colectivo militar, no se hubiera tenido en cuenta al debatir las dos leyes más trascendentes aprobadas recientemente en materia de defensa y que, sin duda alguna, hubieran requerido de ese consenso.

Me refiero naturalmente al la Ley de Defensa Nacional y a Ley de Carrera Militar. Tal vez un riguroso deseo de consenso – para evitar precisamente que fuera una ley de un Gobierno en lugar de una ley de todo el Estado- hubiera evitado los mil y un problemas que la aplicación de la referida Ley de Carrera Militar está creando en los ámbitos jurídicos del Ministerio de Defensa ante los miles de recursos presentados contra la misma. Además, al no ser apoyada en las Cortes por el otro partido llamado en su día a gobernar, es de temer que, llegado al gobierno, volvamos a encontrarnos con una nueva regulación orgánica en el ámbito del personal militar, como ha ocurrido con cada cambio de color en el Gobierno de turno. Se nos olvida con frecuencia que detrás de cada uno de esos cambios, muchas veces no bien justificados, hay una familia militar que ve alterados sus modelos de carrera y su futuro personal, familiar y profesional, y todo ello sin disponer de la posibilidad de hacer oír su voz a través de la acción sindical, como pueden realizar legalmente otros colectivos.

En cuanto a la condición sine qua non “amplio consenso en el Parlamento” expresada por la Ministra, no supone ninguna novedad política ya que, como es bien conocido, la ley regulará derechos fundamentales y, en consecuencia, deberá ser aprobada como ley orgánica, tal como señala el artículo 81 de nuestra Constitución y, por tanto, requerirá disponer de mayoría absoluta en el Congreso. Con todo, sea bienvenido el deseo de consenso por parte del Gobierno.

Insisto en que no es aun momento de entrar en un texto que desconocemos, pero resulta sorprendente que, según los propios medios señalan, se pretenda aplicar a los militares una normativa ampliamente distinta de la correspondiente a la Guardia Civil, cuando la legislación relativa a dicho Cuerpo es, precisamente, una consecuencia de su condición militar.

*Jorge Ortega es general de división (retirado) del Ejército de Tierra.
Doctor en Historia por la Universidad Rey Juan Carlos

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