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    29 de noviembre de 2014

La inseguridad ciudadana y sus efectos: uno de los principales retos de los gobiernos latinoamericanos

Sonia Alda Mejías

Los asesinatos, robos o violaciones han dejado de ser hace tiempo en América Latina parte de la sección de sucesos para convertirse en un tema central de análisis, en un motivo de principal preocupación para toda la ciudadanía y un punto prioritario e ineludible en la agenda de cualquier gobierno. La inseguridad ciudadana afecta a toda la región y hasta el momento tanto los índices de delincuencia, como la violencia empleada no han dejado de incrementarse.

Los asesinatos, robos o violaciones han dejado de ser hace tiempo en América Latina parte de la sección de sucesos para convertirse en un tema central de análisis, en un motivo de principal preocupación para toda la ciudadanía y un punto prioritario e ineludible en la agenda de cualquier gobierno. La inseguridad ciudadana afecta a toda la región y hasta el momento tanto los índices de delincuencia, como la violencia empleada no han dejado de incrementarse. Aunque es obligado señalar las importantes diferencias sociales, económicas y políticas existentes en la región, lo cierto es que este es un problema generalizado. Por ello en realidades cualitativa y cuantitativamente tan dispares como por ejemplo, Guatemala y Brasil, la prensa refleja la misma preocupación de manera permanente. Así en estos días mientras que se anuncia que en Río de Janeiro, pese a los esfuerzos realizados, no sólo no se logra reducir la tasa de homicidios, sino que se incrementa; en Guatemala, ante la sensación de desprotección que siente el ciudadano, cada vez más, tanto hombres como mujeres, deciden adquirir un arma para defenderse ante una delincuencia que ha alcanzado niveles extraordinarios.

Bien es cierto que existen países donde dichos índices de inseguridad no son tan altos, como en Chile o Costa Rica. Ambos casos son países que destacan por su nivel de crecimiento y bienestar respecto al resto de la región. Sin embargo no parece que los problemas económicos sean explicación suficiente para entender las causas de esta lacra. En este sentido Bolivia o Nicaragua, por ejemplo, poseen índices de inseguridad inferiores a sus vecinos más próximos, y sin embargo se encuentran entre los países más pobres de la región. Esta comparación pone de manifiesto la complejidad del problema y la imposibilidad de explicarlo mediante un único factor. Es preciso tener en cuenta numerosas variables de diferente naturaleza y así aunque la pobreza pueda ser un motivo no es el único ni necesariamente el principal.

En cualquier caso además de su explicación no puede dejar de examinarse su solución, ya que la alternativa proporcionada hasta el momento podría tener efectos contraproducentes. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos se encuentran desbordados por el problema e incapaces de cuanto menos controlarlo, pese a que han realizado importantes esfuerzos por aplicar medidas de seguridad y represión para ponerles freno. La impotencia gubernamental ha provocado que no sólo sean las fuerzas policiales quienes se encuentren volcadas en combatir esta delincuencia, sino que también lo hagan las fuerzas armadas. Una medida que aunque sea popular entre la ciudadanía latinoamericana, ya que sufre a diario esta amenaza y exige soluciones inmediatas, puede tener importantes consecuencias políticas e institucionales, pues se corre el riesgo de militarizar la seguridad interior y espacios de actuación destinados a autoridades civiles. Esta posibilidad es mayor en países donde hay una debilidad institucional de carácter estructural, como es el caso de buena parte de los estados latinoamericanos. Sin embargo esta no es la única consecuencia, los limitados resultados de la represión del crimen y la desprotección ciudadana ha decidido a muchos ciudadanos a hacerse con un arma. Una iniciativa que de la misma manera redunda en la debilidad estatal, pues con ello se niegan sus instituciones y el prestigio de las mismas. En definitiva se alimenta una espiral que puede acarrear graves consecuencias ya que redundan en uno de los principales motivos que explican el aumento exponencial que ha experimentado la delincuencia en América Latina: la debilidad estructural del Estado.

Con ello no se pretende negar la necesidad de aplicar medidas de carácter represivo, como parte de la solución, cuando además cuenta con el respaldo ciudadano, sin embargo en la medida en que no se apliquen políticas a más largo plazo, concentradas en fortalecer las estructuras estatales y los diferentes problemas que afectan a estas sociedades únicamente se alimentará una dinámica que sólo empeora el problema al que se pretende dar solución.

*Sonia Alda es Doctora en Historia por la UAM

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