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    23 de septiembre de 2014
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Derechos y Deberes de los militares

Ángel Tafalla

Última actualización 13/02/2011@00:00:00 GMT+1
La primera vez que se estableció que había que determinar cuáles son los deberes y derechos de los militares fue en una disposición final a las Reales Ordenanzas (RROO) de 1978 aprobadas por ley prácticamente en la misma fecha que nuestra vigente Constitución.

La primera vez que se estableció que había que determinar cuáles son los deberes y derechos de los militares fue en una disposición final a las Reales Ordenanzas (RROO) de 1978 aprobadas por ley prácticamente en la misma fecha que nuestra vigente Constitución. Algún problema debe existir cuando tras treinta años seguimos sin ninguna ley que los regule.

La vida me ha enseñado que cuando un asunto parece no tener solución suele ser porque está mal definido. ¿No será que el tratar de fijar los derechos -posiblemente menores que los de los ciudadanos civiles- y los deberes -probablemente mayores- no es el verdadero núcleo de la cuestión a resolver?

A titulo especulativo, voy a tratar de definir esta cuestión de otra manera: lo que el legislador debería buscar primordialmente es definir la ética -que es específica- de los militares que sirven y defienden a una sociedad democrática. No es que derechos y deberes no sean importantes, es que interesa primero definir cómo deben ser sus militares.

El instrumento que se ha empleado desde la época de los Reyes Católicos para definir esta ética especial del soldado han sido las Reales Ordenanzas. A lo largo de la Historia se han promulgado diversas para el Ejército y la Marina de Guerra española y alguna, como las de Carlos III, ha estado básicamente vigente más de doscientos años. El procedimiento empleado en su redacción ha sido siempre -excepto en la última- el de describir las tareas, funciones y responsabilidades de los diferentes miembros de los ejércitos. Pero el hilo conductor de todas estas conductas implicaba una determinada ética que se exigía al militar de la época. Qué esperaba -España y el Rey que promulgaba las Ordenanzas- de ellos, asunto, pues, de estado con vocación de permanencia.

Tras las RROO de 1978, la profunda transformación de nuestra sociedad exigía actualizarlas y así se hizo en el 2009 en un intento que a mí, y creo que a bastantes más, no nos pareció satisfactorio, o al menos no lo suficiente. Estas últimas RROO del 2009 incorporan toda la parafernalia de lo políticamente correcto: igualdad de la mujer y no discriminación por razón de “género”, operaciones de paz y humanitarias, limites de la obediencia debida, etc., que no guardan relación directa con la esencia de la profesión militar. Pero fallan a mi juicio en la definición de cómo debe ser funcional y éticamente el militar actual. Creo que España necesita soldados que no solo se comporten correctamente, sino que básicamente sepan ganar guerras o, lo que es todavía más importante, sepan evitarlas al disuadir con su eficacia y espíritu a los posibles adversarios. Los militares no practican la democracia, la defienden.

En estas RROO del 2009, firmadas por la Ministra Chacón, no se menciona la palabra guerra ni una sola vez, aunque sí se dice que el militar debe estar dispuesto a entregar su vida por España. Se hace difícil admitir que un Real Decreto -básicamente un instrumento de la política del Gobierno que el siguiente puede cambiar fácilmente- sea el vehículo adecuado para exigir, fuera de contexto, sacrificios de esta índole. Son otras RROO las que a mi juicio harían falta, más meditadas y con rango de Ley.

En cuanto a la regulación de los deberes y derechos del militar, existe en estos momentos un Proyecto de Ley Orgánica que, tras una azarosa trayectoria, ha llegado a las Cortes para trámite de enmiendas y que el Gobierno pretende hacer aprobar antes de agotar la legislatura. La mayoría de las asociaciones militares existentes, que son de retirados, se oponen a ella. En vez de centrarse en las dos cuestiones principales, derecho de asociación y libertad de expresión, este proyecto de ley tiene vocación de abarcarlo todo. Inevitablemente con poca profundidad. Pasa de la entrega de la vida por la defensa de España y su Constitución, a las retribuciones, la jornada de trabajo, la protección social y los riesgos laborales. Con decir que entra en cuestiones como la medicina militar o el Centro Nacional de Inteligencia, creo que el lector se hará una idea de la inmensa ambición del redactor de este proyecto en atar todo y nada menos que por una ley orgánica. Por cierto que no es el primer intento ya que anteriores leyes, y muy específicamente la cuestionada -por quienes la sufren- Ley de la Carrera Militar del 2007, trataron ya de hacerlo

Este desdichado proyecto de ley trata a mi juicio de sustituir a las RROO como instrumento para fijar un código deontológico del militar, pero sin definir esencialmente su finalidad básica. Recoge las sensibilidades ideológicas de un partido político determinado en un ambiente general de cierta indiferencia por el asunto. La ética de los ejércitos no se crea ni se cambia a la velocidad de las alternativas políticas por lo que creo sería más deseable centrarse solo en las dos cuestiones a las que me he referido anteriormente y dejar para épocas menos convulsas el definir la ética del militar del siglo XXI.

Nuestra Constitución excluye a las FFAA del derecho de sindicación, lo que es lógico pues los instrumentos de negociación y conflicto colectivo y sobre todo la huelga, son claramente inapropiados para aquellos a los que la Nación ha confiado las armas. Este proyecto de ley trata de controlar las asociaciones de militares a través del registro de sus fines y estatutos, y con el señuelo de unas ciertas ayudas. El interés de los militares por estas asociaciones - y su posible virulencia- será menor en cuanto más eficaces sean los cauces orgánicos para exponer opiniones y propuestas. El riesgo de que dañen la disciplina se aminorará, a mi juicio, más fomentando los poderes del mando orgánico para resolver o encauzar los problemas cotidianos de los militares -justo lo contrario de lo que se viene haciendo en los últimos tiempos- que tratando de encontrar la regulación perfecta para estas asociaciones.

En cuanto a la libertad de expresión, son de sentido común los limites que la seguridad de las operaciones y la disciplina entrañan y no debería ser extremadamente difícil establecerlos. El criterio general es que la opinión debe estar restringida para los asuntos del servicio y políticos partidistas, pero no para temas estrictamente profesionales.

En resumen, mi propuesta para salir de este largo atolladero: los deberes del militar y sus rasgos éticos, a unas RROO definidas más afirmativa o positivamente con rango de Ley. Los derechos, que inevitablemente van a adquirir una definición negativa o restrictiva al partir de los correspondientes civiles, en una ley de contenidos mínimos y centrados en el derecho de asociación y libertad de expresión.

*Ángel Tafalla es Almirante.
Ex Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada y
del Mando Marítimo OTAN de Europa Sur

Otros artículos del autor:

Año nuevo en África

Los ejércitos al sur del Rubicón

El guardian de Asia

El Perejil del Sahara

La emancipación de Navantia


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