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Crisis en el ministerio de defensa de Chile

Carlos Gutiérrez P.

Después de 20 años de iniciada la transición post dictadura y sucesivos cinco gobiernos civiles, de la Concertación por la Democracia y Alianza por Chile, por primera vez hemos asistido a la remoción de un Ministro de Defensa por directa responsabilidad en hechos que violentan cánones democráticos del control civil sobre las fuerzas armadas.

Después de 20 años de iniciada la transición post dictadura y sucesivos cinco gobiernos civiles, de la Concertación por la Democracia y Alianza por Chile, por primera vez hemos asistido a la remoción de un Ministro de Defensa por directa responsabilidad en hechos que violentan cánones democráticos del control civil sobre las fuerzas armadas. El Presidente Sebastián Piñera ha sacado de su cargo al ex Ministro Jaime Ravinet.

Ya estaban siendo muchos los casos que aparecían a la luz pública y que daban cuenta de un ministerio en que había excesos, desprolijidades y atribuciones que se superponían a las exigencias mínimas de control de las políticas públicas y de debida transparencia en su ejecución.

Los incidentes fueron varios: una compra poco prolija de un puente mecano para el ejército que estaba destinado a prestar servicios en el río Bío Bío, que fue una de las zonas más resentidas con el terremoto de febrero de 2010, abrió causa sobre la transparencia del proceso, de los costos y formas de adjudicación de la licitación, en que se confrontó una resolución del organismo competente a nivel del estado para la completa información de la operación y el ministerio de Defensa y las fuerzas armadas que se opusieron en poner a la circulación pública los datos sustantivos, aduciendo el carácter secreto de la ley del Cobre, que es el instrumento vigente para la adquisición de los sistemas de armas de las instituciones castrenses. La declaración pública emitida por la agencia gubernamental, además dejó caer de soslayo una aseveración profundamente compleja, cuando dio a entender que, de aprobarse la resolución por la exigencia de transparentar la operación y por lo tanto se saltara el secreto del proceso de adquisición, las instituciones armadas dejarían de participar en futuras acciones vinculadas a los desastres naturales.

A esto hay que sumarle otro percance con un viaje de altos personajes civiles y militares a bordo del transporte Aquiles de la Armada, que se realizaría en conjunto con las esposas respectivas, lo que fue muy mal visto desde el Palacio de Gobierno, puesto que se asocia más bien a actividades poco profesionales.

Recientemente la Contraloría General de la República ha emitido varios informes relacionados con irregularidades en el Estado Mayor Conjunto, dirigido por el General de Ejército Cristián Le Dantec, que se refieren a gastos de representación, viáticos y fletes. También le fue objetada la compra de una casa para el General Le Dantec que costaba más de un millón de dólares, lo que a su vez significó que involucrara al Comandante en Jefe del Ejército, Juan Manuel Fuente Alba en la decisión, lo que implicó un escalamiento del problema a nivel de la Junta de Comandantes en Jefe y de las propias cadenas organizativas del Ministerio. También se suma a la lista de problemas, otro informe de Contraloría referido a una compra realizada por el Estado Mayor Conjunto, esta vez de contenedores habitables para ser usados por la fuerza de paz combinada chileno-argentina, conocida como Cruz del Sur.

El año 2010 fue particularmente decidor sobre las fuerzas armadas chilenas. Uno de los mayores desastres naturales en nuestra historia contemporánea dejó visibles una serie de falencias relacionadas con el estado de apresto de las instituciones, del funcionamiento expedito de las cadenas de mando, de la eficiencia en los sistemas de comunicaciones, de la experticia del capital humano, de la capacidad operativa inmediata de ciertos recursos de transporte, de los instrumentos legales necesarios, etc... Esto significó un duro debate a nivel gubernamental, militar y comunidad académica que con el paso del tiempo ha perdido vigencia, sobre todo por la total y absoluta falta de autocrítica de las instituciones armadas al respecto.

Con el nuevo gobierno se mantuvo una evidente línea de continuidad con lo que venía realizándose en los gobiernos de la Concertación, expresada convincentemente en que se puso a la cabeza del ministerio a un político que provenía de las filas concertacionistas y que ya había ocupado esa cartera en el gobierno del Presidente Ricardo Lagos. Esto implicó que la agenda no asumía nuevos lineamientos o desafíos. El año 2010 fue nulo en avances relacionados con los temas de Justicia Militar, nueva ley para el financiamiento de las fuerzas armadas, nueva organización de la carrera militar, etc..

En cambio, las principales modificaciones en el ministerio tuvieron que ver con un profundo viraje del personal especializado, ampliándose profusamente la planta de militares en retiro en desmedro de los civiles, muchos de los cuales ya habían realizado una carrera profesional al interior de la burocracia estatal. Ya circulaban en Chile varias denuncias de despidos de profesionales civiles y la llegada en masa de los círculos de confianza y de poder del Subsecretario de Defensa, el ex Comandante en Jefe del Ejército, Oscar Izurieta.

Así como la crisis de la naturaleza de principios de 2010 dejó al descubierto las enormes fallas de preparación y capacidad de respuesta institucional ante requerimientos de emergencia, esta crisis de 2011 deja entrever la arraigada autonomía de las instituciones militares, el nulo liderazgo político civil en la conducción de la política de Defensa y el retroceso en la participación de los profesionales civiles en la burocracia de la agencia gubernamental.

Pero este ciclo coyuntural demuestra una cuestión muy de fondo, pone en cuestionamiento la complaciente y modélica transición política, particularmente en las relaciones político-militares, haciendo evidente sus fallos y sus espejismos. No existía tanta conducción civil del ministerio de Defensa como se nos decía; los militares no estaban tan subordinados como se declaraba; la transparencia no era tan prístina como se nos presentaba.

Es de esperar que esta crisis sirva para develar la escena y que las renuncias y remociones estén acordes no solo para superar una coyuntura, sino para cimentar el pilar de una democracia en forma, que tiene en el liderazgo político de la Defensa uno de sus fundamentos.

*Carlos Gutiérrez Palacios es Licenciado en Historia por la Universidad Católica de Chile,
director de la ONG Centro de Estudios Estratégicos, en Chile y magister en Ciencias Militares.

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