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    22 de julio de 2014
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Centroamérica incrementa el número de militares en sus Fuerzas Armadas

Alberto Uribe Cantalejo

Última actualización 17/03/2011@00:00:00 GMT+1
El Secretario de Estado para la Defensa Nacional de Honduras, Marlon Pascua, reveló que la mayoría de los ejércitos que conforman la región centroamericana, a excepción de Honduras, incrementaron el número de militares durante el año inmediatamente anterior.

Recientemente, el Secretario de Estado para la Defensa Nacional de Honduras, Marlon Pascua, reveló a los medios de comunicación de su país, que la mayoría de los ejércitos que conforman la región centroamericana, a excepción de Honduras, incrementaron el número de militares durante el año inmediatamente anterior.

Según el Secretario, mientras El Salvador elevó la cantidad de personal militar en aproximadamente dos mil efectivos, Guatemala hizo lo propio aumentando su número de militares activos en otros dos mil, existiendo adicionalmente la posibilidad para este último país, de que se incorporen cuatro mil nuevos efectivos durante el presente año.

Por otro lado, el ministro Pascua aseguró que Nicaragua, a través de su Asamblea Nacional, aprobó una ley que faculta al ejército a requerir los servicios de los ciudadanos en caso de calamidad nacional o de extrema necesidad. Para muchos analistas locales esto significa que Nicaragua volvió al servicio militar obligatorio, lo que podría implicar en un futuro cercano que su ejército pueda crecer en número.

Estas declaraciones fueron confirmadas por el Jefe del Estado Mayor Conjunto de ese país, General René Arnaldo Osorio Canales, quien también anunció que las fuerzas armadas de Honduras esperan sumar, en los próximos dos años, dos mil nuevos efectivos militares para estar en igualdad de fuerzas con los ejércitos de Guatemala y El Salvador. Al respecto, el mismo presidente hondureño, Porfirio Lobo, ha prometido apoyar a sus fuerzas militares en este propósito, con el fin de minimizar el riesgo de desequilibrio militar en la región, en momentos en que el narcotráfico se ha convertido en una amenaza para la paz centroamericana.

Las cifras sugeridas por el gobierno hondureño, parecen demostrarse en los dos últimos balances militares del International Institute for Strategic Studies; en estos informes, se registró que entre los años 2009 y 2010 hubo un incremento de casi dos mil efectivos en las fuerzas militares de Guatemala y El Salvador; al igual que también se notaron aumentos, pero menos significativos, en el número de militares de los ejércitos de Honduras, Nicaragua y Belice.

Teniendo en cuenta que las poblaciones de estos países centroamericanos oscilan aproximadamente entre los trescientos mil a trece millones de habitantes, y que sus fuerzas armadas no sobrepasan, en el mejor de los casos, los quince mil militares activos; hablar de incrementos de entre mil a cuatro mil efectivos en un lapso tan corto de tiempo, resulta francamente preocupante; máxime cuando las tensiones creadas por los cárteles de la droga, las mafias dedicadas al tráfico ilegal de armas y las diversas bandas criminales que operan en la región, están amenazando la gobernabilidad de varios de estos estados considerados frágiles, e incluso en algún caso particular, fallido.

Este incremento en el número de efectivos de las fuerzas armadas centroamericanas, también se vio reflejado en los presupuestos de defensa de los citados países. Según el Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y Caribe -2010-, elaborado por la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL); entre los años 2006 a 2010, El Salvador experimentó un incremento de casi un 20% en su presupuesto de defensa, Guatemala lo hizo en casi el 16%, Nicaragua en un 9%, y llama la atención el caso de Honduras que lo hizo en un 64%; esta última situación se explica en parte, porque a partir del año 2007 las pensiones de los policías y bomberos hondureños se consideran por la legislación de ese país como un gasto de defensa.

Ahora bien, en el caso concreto de los cuatro países anteriormente citados, el informe de RESDAL también pone en evidencia que del total del presupuesto asignado al sector defensa, entre el 61% y el 77% fue distribuido en el año 2010 exclusivamente a gastos de personal; esta situación pone de manifiesto la relación directa que existe en Centroamérica entre el incremento del personal militar y el aumento del presupuesto en el sector de la defensa.

¿Cuáles podrían ser las consecuencias de este incremento en el número de efectivos de las fuerzas armadas centroamericanas? Esta pregunta es bastante compleja de responder, pero haciendo uso de la “presunción de inocencia” que debe cobijar, de momento, al conjunto de naciones centroamericanas, bien podrían agruparse las consecuencias de este hecho en dos aspectos. El primero de ellos, la lucha interna de cada estado contra la amenaza del nuevo fenómeno de la “insurgencia criminal”; y el segundo, tendría que ver con la posibilidad de integrar las fuerzas armadas centroamericanas en un cuerpo multinacional en donde se incrementaran las medidas de confianza mutua contempladas desde la suscripción del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica.

En primer lugar, para nadie es ya un secreto que en América Latina, según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 27% de los homicidios del mundo se cometen en esa región; también es demostrable que la tasa de homicidios en Centroamérica ronda los 30 por cada 10.000 habitantes, y que en casos concretos como Guatemala, El Salvador y Honduras las cifras ascienden al 40,5%, 50,6% y 40,2% respectivamente; además, el subcontinente centroamericano se ha vuelto vulnerable a otras formas delictivas como las bandas, el robo de vehículos, el tráfico de armas y de personas, y el secuestro; y por último, según informes de la DEA, el 88% de la cocaína que ingresa a los Estados Unidos, lo hace por el corredor Centroamérica-México.

Esta situación, unida a las deficiencias que tienen los cuerpos de policía locales, los cuales se han visto desbordados por el actuar criminal, han convertido al negocio del narcoterrorismo y sus múltiples “franquicias”, en un asunto que va más allá de la seguridad interior, ubicándolo en lo que los primeros mandatarios centroamericanos han definido como la “principal amenaza para la defensa de sus naciones”.

Es por ello que en Centroamérica, sus fuerzas armadas se encuentran en un proceso de transformación institucional, el cual pretende adecuar la misión de estos cuerpos armados a las nuevas amenazas del narcoterrorismo. Tal y como lo hizo Colombia desde la década de los años 90.

Sin embargo, conviene recordar que en el pasado, varias naciones centroamericanas se vieron envueltas en sufridas confrontaciones armadas que dejaron hondas cicatrices en su historia, y que no fue sino hasta el año 1995, que el sector de la defensa de esa región logró organizar sus relaciones con los estados, basándose en una serie de acuerdos y convenios de carácter internacional, en cuya cúspide figura el Protocolo de Tegucigalpa.

Gracias a la firma de estos tratados de paz, Centroamérica, con el seguimiento de la ONU, la OEA y el SICA, logró crear la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), que desarrolla varias iniciativas bajo la nueva visión de la seguridad democrática contenida en el ya citado Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. Sin embargo, este nuevo reordenamiento del gasto militar en la región para enfrentar los nuevos retos de su seguridad, podría ser utilizado por los sátrapas políticos locales, como excusa para reavivar sentimientos patrioteros populistas todavía latentes en el pueblo centroamericano; tal y como ha quedado evidenciado en el litigio soberano que existe actualmente entre Costa Rica y Nicaragua, o entre Colombia y la misma nación nica, el cual involucra a terceros estados del subcontinente.

Para evitar esto último, se requeriría que las naciones centroamericanas fortalecieran las medidas de confianza militar mutua que existen y estuvieran orientadas a eliminar los factores generadores de desconfianza entre estos estados, y a identificar nuevas modalidades de colaboración militar, a fin de consolidar la paz y asegurar el efectivo cumplimiento de la Declaración de Santiago sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad.

*Alberto Uribe Cantalejo es Licenciado en Derecho.
Máster en Seguridad y Defensa en la UCM-CESEDEN.
Máster en Comercio Internacional en la UCM.
Ex Director de Orden Público de la Gobernación de Cundinamarca (Colombia).

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