cabecera

    31 de octubre de 2014

El drama de las cárceles en Honduras

Roberto Cajina

Justo el Día de San Valentín, cuando se celebra el amor y la amistad, cerca de 400 privados de libertad murieron calcinados en la peor catástrofe ocurrida en una instalación penitenciaria iberoamericana.

Fue una trágica ironía. Justo el Día de San Valentín, cuando se celebra el amor y la amistad, cerca de 400 privados de libertad murieron calcinados en la peor catástrofe ocurrida en una instalación penitenciaria iberoamericana. El penal de Comayagua, Honduras, fue convertido en una macabra pira humana, en el que algunos privados de libertad lograron salvarse y otros, se dice, aprovecharon para escapar de las llamas y de la justicia. ¿Justicia? La mitad de ellos, hacinados, estaban a la espera de sus correspondientes sentencias. El penal albergaba a 852 internos, tres veces y media más de su capacidad.

Desde el inicio, las autoridades hondureñas barajan dos hipótesis: un cortocircuito o un incendio provocado como parte de un plan de fuga masiva. Expertos del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF por sus siglas en inglés) y chilenos auxilian a las autoridades hondureñas para determinar las causas de la tragedia que enluta a cientos de familias hondureñas.

Frente al drama, las causas técnicas ocupan un lugar secundario. El problema de fondo ha sido el hacinamiento de la población penal, pero más grave aún es que las autoridades hondureñas desatendieron —incumplieron—una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de seis años antes, que les mandaba asegurar “condiciones físicas consecuentes con los estándares internacionales para las personas privadas de libertad”.

Pero además, en su informe de febrero de 2010, el Subcomité para la Prevención de la Tortura había señalado que los problemas de hacinamiento persistían en los centros de detención luego de haberlos visitado. Se denunció además las pésimas condiciones materiales de los edificios, la falta de separación entre procesados y condenados, la deficiente alimentación y acceso a la salud, entre las más graves deficiencias del sistema carcelario hondureño.

Sin embargo, circula una versión distinta: sí había un plan de fuga, pero selectiva, no masiva, fraguado por las autoridades del penal, un criminal “de categoría” y algunos de sus secuaces cuyas vidas estaban en peligro. Pero los custodios echaron pie atrás, mataron al delincuente cuya fuga facilitarían y, para encubrir el crimen, rociaron de combustible, prendieron fuego a uno de los pabellones y dispararon contra algunos internos que murieron por los balazos y luego fueron calcinados por las llamas. El Ministerio Público y la Policía no deben descartar ninguna hipótesis si es que en realidad están comprometidos a descubrir la causa del siniestro.

La tragedia debe llevar a una reflexión profunda a las autoridades del país más violento del mundo, con 82 homicidios por 100.000 habitantes según Naciones Unidas. Pero además, y como consecuencia de esto, a la adopción inmediata de políticas penitenciarias que garanticen la vida, integridad y dignidad de los privados de libertad, ya que por muy graves que hayan sido los delitos que cometieron, tienen derechos inalienables que el Estado hondureño debe respetar, defender y promover.

Los 24 centros penitenciarios que existen en Honduras están prácticamente colapsados; más de la mitad de los 13.000 privados de libertad aún están a la espera de ser sentenciados; la población penal sobrepasa sus capacidades físicas, las instalaciones son obsoletas, los guardas penitenciarios sólo se preocupan porque los privados de libertad no escapen ni se amotinen ya que el Sistema Penitenciario no cuenta con personal capacitados para desarrollar programas de rehabilitación y reinserción social de quienes han delinquido, y la corrupción es galopante.

Mientras, en el Congreso Nacional permanecen engavetadas iniciativas de ley para mejorar el sistema penitenciario: construcción y reconstrucción de centros penales cuyos edificios ya sobrepasaron su vida útil, descongestionar las prisiones de personas de la tercera edad, y de quienes padecen enfermedades terminales y/o mentales; mejorar el sistema de alimentación en las prisiones; indultar a quienes guardan prisión y que, a pesar de haber cumplido la pena por el delito cometido, no han sido sentenciados; la creación del Instituto Penitenciario; y la Ley de Rehabilitación Social del Delincuente.

Obviamente que si de buscar responsables de la tragedia de Comayagua se trata, hay que llegar hasta quienes por acción fueron responsables de la tragedia, pero igual a aquéllos que por omisión, como los diputados, algunos de los cuales ahora se rasgan las vestiduras y demandan encontrar a los culpables, tienen una importante cuota de responsabilidad.

Quizás no sea exagerado asegurar que el sistema carcelario de Honduras hace recordar las viejas ergástulas medievales: en orden de antigüedad, de mayor a menor: la de Trujillo, departamento de Colón, con dos siglos; La Esperanza, en Intibucá, 130 años; Yoro, un siglo; la cárcel de El Progreso, 104 años; la de La Ceiba, 70 años; la de Santa Bárbara 60 años; y la de San Pedro Sula 55 años.

Hay otras paradojas relacionadas con la tragedia humana del penal de Comayagua: el crecimiento exponencial de la delincuencia, la corrupción en todos los niveles, pero en especial en las fuerzas de seguridad pública y defensa nacional, y la extremada debilidad de las instituciones hondureñas, particularmente las de la cadena del sistema de justicia penal.

Hasta ahora, el presidente Porfirio Lobo sólo ha puesto parches. A finales del año pasado “barrió” a la cúpula policial, pero eso no terminó con la corrupción, y nada ha hecho con relación a tres “misteriosas desapariciones”: 1.385 fusiles AK-47, 22 lanzacohetes RPG-7 y una narcoavioneta, que estaban en custodia del Ejército. Honduras es una Estado en crisis, prácticamente al borde de convertirse en estado fallido, que demanda una profunda refundación institucional, y para ello se precisa voluntad política y ejercer el poder que el pueblo hondureño le dio a las actuales autoridades en las elecciones de 2010. De lo contrario, la “mano dura” de la Administración Lobo contra la criminalidad continuará siendo neutralizada por la “mano suave y cómplice” con la que hasta ahora ha tratado la corrupción en su país.

* Roberto Cajina, consultor civil de Seguridad, Defensa y Gobernabilidad Democrática.
Miembro de la Junta Directiva de RESDAL.



Otros artículos del autor

Centroamérica: una región dividida

Dos actores diferentes y dos ceremonias presidenciales distintas en Centroamérica

Todo por el poder en Centroamérica

Hoja de ruta de la integración de los militares centroamericanos

Guatemala y Nicaragua: dos caminos diferentes al infierno

¿Te ha parecido interesante esta noticia?   Si (0)   No(0)
Compartir en Meneame

¿Qué opinas? (Login)
Normas de uso
  • Esta es la opinión de los internautas, no de One Magazine
  • No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes.
  • La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales.
  • Tu dirección de email no será publicada.
  • Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.