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    23 de octubre de 2014

Armando al enemigo: ¿el fin justifica los medios?

Roberto Cajina

Para Estados Unidos y México el enemigo a derrotar en su “guerra” particular son los cárteles mexicanos de la droga.

Para Estados Unidos y México el enemigo a derrotar en su “guerra” particular son los cárteles mexicanos de la droga. El sexenio del presidente Felipe Calderón está concluyendo y los resultados no parecen muy convincentes. La violencia criminal ha dejado en México cerca de 50.000 muertos, “la mayoría narcotraficantes muertos por cárteles rivales o por las fuerzas de seguridad y ciudadanos inocentes víctimas de los narcotraficantes”. Sin embargo, éstos se reproducen vertiginosamente y cuentan con una cantera prácticamente inagotable, incluso en las mismas fuerzas de seguridad.
El eje articulador de esa “guerra” es la Iniciativa Mérida, acuerdo binacional de seguridad para combatir al crimen transnacional organizado y el narcotráfico, de US$ 1.600 millones por tres años, aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, activado por el presidente George Bush en 2008 y continuado por su sucesor Barak Obama.

Originalmente, incluía a Centroamérica, Haití y República Dominicana, que recibían sumas irrisorias de asistencia mientras México se llevaba prácticamente todo.

Posteriormente, Washington rediseña su estrategia, deja la Iniciativa Mérida sólo para México, y abre dos nuevos frentes: la Iniciativa de Seguridad Regional de Centroamérica y la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CARSI y CBSI respectivamente por sus siglas en inglés). A éstas se suma el Plan Colombia. Mérida ha provocado muchas críticas, en particular las referidas a violaciones a los derechos humanos y la falta de componentes de prevención, reforma judicial, policial y penitenciaria.

El capítulo más reciente de esa “guerra” llegó al corazón de Estados Unidos: el Departamento de Justicia e importantes agencias federales, como la Agencia Antidrogas (DEA por sus siglas en inglés), el FBI y la división de Phoenix del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por su siglas en inglés). La operación de contrabando, denominada “Rápido y Furioso”, introdujo a México, a través de traficantes cerca de 2.500 armas de grueso calibre. La idea era detectar las rutas que seguían, los contactos y las formas y procedimientos en que eran recibidas y distribuidas. Un equipo especial de la división de Phoenix de la ATF se encargaría del rastreo, pero en un momento no determinado y por causas hasta ahora no esclarecidas perdieron la pista de las “armas que caminan” (“gunwalking”), y éstas llegaron a manos del “enemigo”. Esas armas, con valor cercano a los US$ 2 millones, comenzaron a ser utilizadas por los cárteles de la droga en sus operaciones criminales contra las fuerzas mexicanas de seguridad, cárteles rivales y en Estados Unidos.

Para mediados de 2010 los agentes de ATF sabían que casi 200 de esas armas habían sido encontradas en escenas del crimen en México y 130 en Estados Unidos. Esto no impidió que las armas continuaran “caminando”, pero el operativo estaba fuera de control y el 14 de diciembre de ese año dio un giro inesperado. Un agente de la Patrulla Fronteriza murió en un tiroteo con supuestos inmigrantes ilegales en Peck Canyon, Pima County, Arizona. En el sitio se encontraron dos fusiles AK-47, luego identificados como parte del Operativo “Rápido y Furioso”.

Un agente de ATF se presentó a la Sección de Ética del Buró y a la Oficina del Departamento de Justicia para denunciar la situación, pero no obtuvo respuesta de sus jefes. Acompañado de otros agentes, recurrió al senador de mayor rango en el Comité Judicial del Senado. La noticia se filtró y los medios de comunicación se banquetearon. El escándalo había estallado y poco a poco se conocieron detalles del fracaso de la operación secreta.

Los republicanos se regodearon por la mancha que empañaba —así lo piensan y lo desean— la campaña reeleccionista del presidente Obama. Era el escándalo que esperaban, y han afilado garras y colmillos. Kenneth Melson, director en funciones de la ATF fue rebajado a un cargo inferior en el Departamento de Justicia y el fiscal de Arizona destituido de su cargo. Pero en la picota está Eric Holder, secretario de Justicia, sospechoso de encubrimiento; sin embargo, el tema ha estado ausente en las primarias republicanas porque simplemente se ha tratado de descalificaciones entre los aspirantes, y ninguno lo ha puesto en la agenda.

“Rápido y Furioso” —que no es el primero en su tipo— fue concebido y ejecutado bajo la lógica maquiavélica de que “el fin justifica los medios”. Es decir, no importa infringir la ley si al final se logra que ésta prevalezca. Pero la operación fracasó y las aguas se agitaron. Desde que estalló el escándalo, Holder ha ocultado información clave al Senado buscando desmarcarse de cualquier responsabilidad, alegando que nunca supo lo que hacían sus subordinados de Phoenix, y pretendiendo hacer recaer sobre éstos toda la responsabilidad de “Rápido y Furioso” y su fracaso, convirtiéndolos en “chivos expiatorios”. Esto es lo que Holder desesperadamente busca para salvarse y salvar a otros altos funcionarios del Departamento de Justicia y la ATF.

En el Senado, los republicanos buscarán extender lo más posible las investigaciones para empalmar sus resultados con la campaña presidencial y cobrarle al presidente Obama el fracaso de la ilegal operación clandestina. Holder, por su parte, pretende ganar tiempo recopilando con lentitud miles de documentos para atiborrar a los republicanos y que las conclusiones de la investigación senatorial no lleguen a tiempo para utilizarla como “armas que caminan” contra las aspiraciones reeleccionistas del presidente Obama.

Además de la crisis interna que la fracasada operación ha provocado en Estados Unidos, también ha revelado la desconfianza que funcionarios estadounidenses tienen en el Gobierno mexicano al no informarle de la misma, que hubiera sido lo más lógico dentro de la lógica perversa de introducir ilegalmente armas en México. Pero más grave aún es que el 17 de octubre de 2011, cuando el escándalo estaba en todo su furor, el presidente Calderón declaró que se había enterado por la prensa de la operación, justo cuando visitaba al presidente Obama, pero que no habló con él de la misma.

Contradictoriamente, Calderón aseguró primero que le “molestó mucho porque […] si ya lo sabían me lo hubieran comentado personalmente”; pero luego aseguró que no le molestaba porque entendía que “son problemas muy difíciles de manejar en política interna [y si mordía el anzuelo y se lanzaba] contra el presidente Obama, contra de la ATF, lo único que [haría] es debilitar a aliados que sé que son verdaderos” y caería “en la estrategia de quienes sé que son elementos muy dañinos para México, como son los vendedores de armas”. Violan la soberanía mexicana, arman a criminales y todavía Calderón los defiende con ingenuidad perversa. Incomprensible, ¿no?

Roberto Cajina, consultor civil de Seguridad, Defensa y Gobernabilidad Democrática.
Miembro de la Junta Directiva de RESDAL.



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