cabecera

    26 de noviembre de 2014

Durmiendo con el enemigo

Roberto Cajina

Nadie puede asegurar que la purga sea la solución al problema de la corrupción policial en Honduras.

Justo cuando en el presidente Porfirio Lobo, de Honduras, lanzaba oficialmente el 24 de octubre de 2011 el “Operativo Relámpago” —despliegue indefinido de varios miles de soldados y policías, inicialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, que luego se ha ido extendiendo prácticamente a todo el territorio nacional, iniciado una semana más tarde—, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Honduras, advertía que “el fenómeno de la violencia y la inseguridad se ha convertido en un grave problema que afecta a la sociedad hondureña”, subrayando que en un país “donde, la violencia se cobra a diario 20 víctimas, el 47% de las cuales son jóvenes […] entre 15 y 29 años […], la juventud se ve fuertemente amenazada por la inseguridad y la criminalidad, por lo que se hace necesario buscar e implementar de inmediato, soluciones concretas que permitan ofrecer un mejor porvenir a la población, especialmente la joven, que representa nuestro presente y futuro”.

Cuatro días después del asesinato de dos jóvenes universitarios, uno de ellos hijo de la Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a manos de ocho agentes policiales el sábado 22 de octubre de 2011; y a una semana de haber lanzado oficialmente la “Operación Relámpago”, el presidente Porfirio Lobo destituyó a toda la cúpula de la Policía Nacional, desde el viceministro de Seguridad hasta los titulares de la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación, pasando por los de la Dirección General de la Policía Nacional, y las direcciones de la Policía Preventiva, de Servicios Especiales de Investigación y de Investigación Criminal.

Sin embargo, nadie puede asegurar que la purgada sea la solución al problema de la corrupción policial. Además, cerca de 200 agentes policiales fueron detenidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Luego de cinco meses de investigaciones, un grupo de expertos colombianos que llegó al país por iniciativa del Congreso, concluyó que en la Policía Nacional de Honduras “imperan la podredumbre y una corrupción generalizada”. El “efecto derrame” es torrentoso: se origina en las instancias superiores, desciende por la pirámide jerárquica y llega hasta la escala básica.

Al parecer, el asesinato de los estudiantes universitarios fue la “gota que derramó el vaso”, aunque lo que había en éste, por mucha fetidez que despedía, no extrañó a los hondureños, simplemente confirmó lo que corría como “un secreto a voces”. Los criminales que les asesinaron fueron capturados, pero sus jefes les dejaron en libertad.

Mes y medio después, sicarios vinculados a la Policía Nacional, asesinaron en Tegucigalpa a Gustavo Alfredo Landaverde, quien fuera coordinador de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, y férreo crítico de la corrupción en las filas de la Fuerza Pública, las Fuerzas Armadas y la Fiscalía. Dos años atrás, el general retirado Julián Arístides González, titular de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de Honduras, quien había sido jefe de Landaverde, fue asesinado por sicarios en la capital hondureña, y ambos crímenes aún navegan en las aguas de la impunidad.

En noviembre de 2011, Landaverde había declarado a un diario estadounidense: “Los [narco] traficantes han infiltrado al Ejército, la Policía y el Sistema de Justicia del país […] Ni siquiera se trata sólo de la Policía o de las Fuerzas Armadas. Se trata hasta de los fiscales”. En esa entrevista Landaverde reflexionó premonitoriamente: “Me he preguntado: ¿por qué estoy vivo todavía?” Dos semanas después ya no lo estaba.

Antes de la denuncia de Landaverde, el Ejército de Honduras dejó en evidencia cómo la corrupción se ha enquistado en el cuerpo castrense y desnudó su vulnerabilidad ante la criminalidad. Tres hechos sucedidos entre 2010 y 2011 revelan una peligrosa mezcla de incompetencia y corrupción de los uniformados, y levanta graves sospechas sobre los posibles vínculos de éstos con el narcotráfico y el crimen transnacional organizado. El primero fue la “desaparición” de 22 lanzacohetes RPG-7 y sus respectivas municiones a mediados de 2010, de las bodegas del Comando de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas. De esto apenas se supo hasta inicios febrero de este año.

El caso se sigue en el Juzgado de Instancia Militar, pero las investigaciones congeladas han sido revividas y descongeladas por tres fiscalías y diputados a inicios de este 2012, Sin embargo, un alto jefe militar minimizó el robo aduciendo que sólo fueron los “tubos” los que se perdieron y que en tal condición los RPG-7 “no son letales”.

Comenzando noviembre de 2010 se supo de la misteriosa “desaparición” de una narcoavioneta que estaba bajo resguardo del Ejército en la base aérea Armando Escalón, en San Pedro Sula, y hasta la fecha se desconoce su paradero y nadie ha sido indiciado. Lo único que hicieron las autoridades militares fue destituir al jefe de la base y otros militares, sin establecer contra ellos causa penal. El bimotor King Air de seis plazas había sido decomisado dos años antes y extrañamente sus depósitos de combustible siempre se mantenían llenos.

Un año más tarde, a mediados de noviembre de 2011, se conoce que, de los tres mil fusiles AK-47 que la Policía Nacional había recuperado en 2003 por entrega voluntaria de la población, entregados en depósito al Ejército, los militares terminan reconociendo que sólo tienen en su poder 1.615 y no dan cuenta de los 1.385 “perdidos”.

Ocultar los altos niveles de corrupción en la Policía y el Ejército de Honduras que denunció Gustavo Alfredo Landaverde dos semanas antes de ser asesinado, es imposible, pero lo que resulta extraño es que las autoridades civiles estén empujando un proceso de depuración en la Fuerza Pública —que por cierto está paralizado—, dejando de un lado al Ejército, que ahora está demandando mayor presupuesto y fusiles estadounidense e israelitas para “combatir” al narcotráfico y el crimen transnacional organizado, y continuar el “Operativo Relámpago”. ¿Será acaso que las autoridades civiles prefieren dormir con un “enemigo” que por su naturaleza tiene un alto poder de disuasión? La repuesta la tiene el presidente Porfirio Lobo, pero hasta ahora ha guardado silencio.

Roberto Cajina, consultor civil de Seguridad, Defensa y Gobernabilidad Democrática.
Miembro de la Junta Directiva de RESDAL.



Otros artículos del autor

Armando al enemigo: ¿el fin justifica los medios?

El drama de las cárceles en Honduras

Centroamérica: una región dividida

Dos actores diferentes y dos ceremonias presidenciales distintas en Centroamérica

Todo por el poder en Centroamérica

¿Te ha parecido interesante esta noticia?   Si (0)   No(0)
Compartir en Meneame

¿Qué opinas? (Login)
Normas de uso
  • Esta es la opinión de los internautas, no de One Magazine
  • No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes.
  • La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales.
  • Tu dirección de email no será publicada.
  • Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.