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    19 de septiembre de 2014
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La Guardia Civil alerta por la seguridad en los centros penitenciarios

Gema Nieves

Última actualización 09/06/2012@00:00:00 GMT+1
Algunas voces aseguran que los planes de Interior pasan por sustituir un número significativo de los efectivos de la Guardia Civil por algunos de los escoltas privados que en las últimas semanas han dejado de proteger a personas amenazadas en el País Vasco y Navarra.

Rumores, circulares informativas, notas de prensa... todo con un fin, informar sobre la preocupación de los agentes de la Guardia Civil de los centros penitenciarios ante la noticia de su posible sustitución por seguridad privada. El objetivo del Ministerio es adaptarse a la nueva situación después del anuncio del fin de actividad de ETA, así como seguir la normativa de austeridad que debe guiar su gestión ante la crisis. Para ello, se decidió la reducción de escoltas privados.

Ante esta reducción de escoltas, Interior, se supone, estudia qué salidas laborales les pueden ofrecer, y Fernández Díaz ha propuesto que se dediquen a labores de seguridad en el exterior de las prisiones españolas, trabajo del que se ocupan en estos momentos cerca de 2.000 guardias civiles. Asimismo, se quieren revisar y redefinir los dispositivos de seguridad del resto de instalaciones y edificios públicos

Desde que en octubre de 2011 la banda terrorista ETA anunciara el cese de la actividad armada, desde el Ministerio del Interior están llevando a cabo ciertos cambios orgánicos y se están reduciendo algunas de sus actividades. Tal es el caso de los escoltas del País Vasco y de los organismos judiciales. Esta reducción de funciones ha conllevado que los propios afectados solicitaran alguna solución para la nueva situación de paro. Solución que podrían encontrarse en las diferentes propuestas planteadas, como la protección a las afectadas por la violencia de género o la seguridad de los centros penitenciarios.

De esta forma, saltaban las alarmas y se baraja la posibilidad de que Interior estuviera desarrollando un plan para sustituir a una parte de los guardias civiles por vigilantes privados. Una información no confirmada por el Ministerio que dirige Jorge Fernández, pero que parece muy probable. Lo que sí reconocen las asociaciones de guardias civiles es que, por parte del Director Adjunto Operativo (DAO), Carlos Cardiel, sí se ha hablado de esta posibilidad, aunque no es definitiva y, si así lo fuera, entraría en servicio en el mes de septiembre.

Algunas voces aseguran que los planes de Interior pasan por sustituir un número significativo de los efectivos de la Guardia Civil por algunos de los escoltas privados que en las últimas semanas han dejado de proteger a personas amenazadas en el País Vasco y Navarra. No obstante, el mando del servicio de seguridad de los centros penitenciarios seguirá en todo caso a cargo de agentes de la Guardia Civil.

Ante tal circunstancia, las diferentes asociaciones que representan al Instituto Armado se han puesto en contacto con los servicios de seguridad del Estado, tanto para confirmar la existencia de este plan, como para aconsejar sobre sus efectos negativos.

Por su parte, la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) asegura que, durante la reunión que mantuvieron con el DAO, se aseguraba que de llevarse a cabo este plan se haría de forma paulatina e intentando que afecte lo menos posible a los agentes y a sus familias. Por su parte, AUGC señal que se muestra totalmente contrario a este proyecto y que ha trasladado su preocupación por el impacto negativo que pueda acarrear para los guardias civiles que van a ser relevados en sus destinos.

"Ante todo resaltar que la Dirección General quiere trasladar la idea de que no se perjudicará a ningún guardia civil destinado en este tipo de unidades, y que en cualquier cambio que se lleve a cabo prevalecerán los derechos de estos antes que cualquier otro criterio", aseguran desde la Unión GC. Del mismo modo, fuentes oficiales de la asociación afirman que durante la reunión (mantenida a mediados de abril) con Carlos Cardiel se trataron diferentes puntos.

Durante el encuentro se confirmó que se realizara´ un estudio individualizado, centro por centro, lo que originara´ que las modificaciones no sean comunes a todos ellos, sino que se adecúen a cada situación concreta.

Además, la DAO asegura que la reestructuración no afectara´ a la totalidad de la plantilla que realice servicio relacionado con los Centros Penitenciarios, dado que una parte importante de la misma permanecerá en su destino al optarse por un servicio mixto (Guardia Civil – Seguridad Privada) similar al existente en Aeropuertos, Edificios Públicos, Juzgados, etc.

Se valorarán los puestos de trabajo que pasarán a ser realizados por el personal de Seguridad Privada, principalmente aquellos relacionados con el control de accesos y de cámaras de vigilancia. Los de vigilancia perimetral dependerán de cada situación particular.

También se prevé la incorporación de 800-900 efectivos pertenecientes a la Seguridad Privada, lo cual no significara´ que se eliminen la misma cantidad de guardias civiles. El número previsto de componentes del Cuerpo que dejará de realizar este servicio, será´ mucho menor.

Inicialmente en aquellos Centros en los que existen unidades especificas que únicamente realizan el control de accesos y de cámaras de seguridad, aquellos que sean retirados de dicho destino, pasarían a formar parte de las unidades que realizan los traslados de presos.

En el caso de plantillas sobredimensionadas por el trasvase de personal, no serian modificadas retirando personal para otras unidades. Simplemente no serán cubiertas las bajas producidas por pases a la reserva o destinos, hasta que no se alcance el número de efectivos estipulado en el correspondiente catalogo.

Aunque la incorporación de personal de Seguridad Privada pueda llevarse a cabo de forma inminente, no existe previsión de que el personal de la Guardia Civil afectado por estas medidas pueda empezar a ser reorganizado hasta pasado el mes de septiembre.

Se tendrá en cuenta a aquellos guardias civiles que, con motivo de encontrarse destinados en Centros Penitenciarios, disfruten de vivienda oficial, para que en ningún caso pierdan su destino actual y, por tanto, el disfrute de dicha vivienda.


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