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    24 de abril de 2014
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Perú, entre las mafias del narco y las protestas antimineras

Rogelio Núñez

Última actualización 27/07/2012@00:00:00 GMT+1
Perú se ha convertido en una de las economías de mayor crecimiento en la región gracias su vinculación con Asia en general y China en particular.

Perú se ha convertido en una de las economías de mayor crecimiento en la región gracias su vinculación con Asia en general y China en particular. Políticamente la democracia se ha consolidado tras el periodo autoritario de Alberto Fujimori en los años 90, pese al claro desprestigio que padecen actualmente los partidos políticos.

Sin embargo, Perú tiene por delante dos retos en materia de seguridad que pueden provocar serios problemas al país. Uno es el de la presencia y crecimiento de los cárteles del narcotráfico y el otro el de los reiterados estallidos de violencia en las protestas contra las explotaciones mineras que se han extendido por todo el país.

El actual presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, lo ha expresado claramente: “El Perú es un país que tiene un futuro prominente, pero también tenemos enemigos que están latentes, que están pendientes que este Perú no avance, me refiero a las huestes terroristas y todos los que están implicados en el tema del narcotráfico”.

El reto del narcotráfico

Las cifras avalan este planteamiento: Perú se convirtió en 2009 en el primer productor mundial de hoja de coca con 119.000 toneladas métricas, desplazando a Colombia. Los valles de los ríos Apurímac-Ene, el famoso VRAE, y el Monzón se han transformado en centros de producción de cocaína, marihuana y opio, drogas que generan más de 300 millones de dólares al año, todo lo cual ha transformado en auténticos capos de la mafia a antiguos contrabandistas y bandas poco estructuradas que antes actuaban en la zona.

En un informe publicado la semana pasada por el periódico peruano Diario 16 se muestra como un 65 por ciento de la cocaína que exporta Perú se produce en el VRAE, mientras que un 30 por ciento procede del valle del Monzón. El año 2010 fueron más de 330 toneladas y el 2011 cerca de 400 toneladas las que llegaron a Colombia, México, Brasil, EEUU y Europa.

Esas organizaciones mafiosas, además, han establecido alianzas estratégicas con ex guerrillas, ahora paramilitarizadas como el ‘Ejército Militarizado del Partido Comunista del Perú’, liderado por los hermanos Quispe Palomino.

Se trata de organizaciones familiares que cuentan con pequeños ejércitos de sicarios bien armados, no superan los 40 miembros, y que controlan de forma independiente cada una de las fases de la producción: acopio de la hoja de coca, producción en los laboratorios clandestinos y traslado de la cocaína para ser exportada.

La Unidad de Investigación de Diario16 asegura que, al estar constituidos en células independientes, esto les permite mayor libertad de acción: “si caen los lugartenientes o sicarios en una de las etapas de producción, ninguna otra es afectada”.

El Clan de los ‘Quispe Palomino’, está considerado como el mayor grupo de tráfico ilícito de drogas: trafica casi una tonelada de cocaína, equivalente a 900 mil dólares.

Las protestas antimineras

Y al lado de este peligro en ascenso, se encuentra la crisis nacional, producto de las protestas contra las explotaciones mineras. Protestas en las que se mezclan varios factores. La pobreza y desigualdad que golpean al interior del Perú. Reclamos étnicos de los indígenas. O malestar de los departamentos del interior contra el centralismo, muchas veces asfixiante, de Lima.

Junto a estas reclamaciones, más o menos justas, existe otro tipo de intereses. La acción de ONG habitualmente europeas y con claros objetivos centrados en fomentar las protestas ambientalistas. Además, determinadas figuras políticas locales ven en las protestas una forma de alcanzar popularidad, construir una agenda nacional y legitimarse ante sus seguidores.

Es lo que ha ocurrido en los últimos meses en las protestas antimineras ocurridas en Cajamarca, al Norte de Perú, y Espinar, al Sur. Como explica el analista Fernando Rospiglioso, de todos estos disturbios nacen liderazgo locales, regionales y a veces hasta nacionales: “hace poco más de una década Óscar Mollohuanca lideró al Frente de Defensa de Espinar en sus reclamos a Tintaya… El negocio de encabezar revueltas es rentable y Mollohuanca se convirtió en alcalde”.

Conclusiones

Frente a todos estos problemas, el del narcotráfico y el de las protestas mineras, el gobierno tiene que actuar con sabiduría y pedagogía política. Sabiduría porque debe no solo reforzar y modernizar a las Fuerzas Armadas y a la policía sino que es necesario apostar por las labores de inteligencia como principal fundamento en la lucha contra el narco y en el mejor conocimiento de los intereses y aspiraciones que hay tras los movimientos antimineros.

Recuérdese que hay en activo, o con muchas posibilidades de explotar, hasta 300 conflictos en el país, según han señalado varios informes.

Y con pedagogía política ya que hay que explicar a la población por qué es bueno combatir al narco y por qué se debe apostar por las explotaciones mineras no contaminantes. Si no se da esa explicación, la opinión pública acaba inclinándose más por pactar con el narco que por combatirlo y acaba viendo a las mineras, más como agentes del mal y del deterioro ambiental, y no las perciben como agentes de progreso y desarrollo.

* Rogelio Nuñez es Doctor en Historia de Iberoamérica.
Miembro del Observatorio de Seguridad y Defensa de América Latina (OSAL).

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