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¿Cuáles son las principales novedades de la nueva Ley de Contratos del Sector Público?
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(Foto: Jonathan Brinkhorst)

¿Cuáles son las principales novedades de la nueva Ley de Contratos del Sector Público?

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 19 de octubre la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) que entrará en vigor a partir de febrero del año que viene.

El coronel José Manuel Sánchez Maldonado ha señalado este martes, en unas jornadas organizadas por la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra, que la ley cuenta con 347 artículos, 53 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria… y que es “muy compleja”.

Transpone dos directivas de la Unión Europea sobre contratación pública y sobre contratos de concesión y tiene, entre sus objetivos, aumentar la transparencia y la seguridad, apostar por la simplificación, potenciar su visión estratégica y dar una mayor importancia a la relación calidad-precio (Artículo 145 LCSP).

Principales novedades

Desde Asociación de Empresas Contratistas Con las Administraciones Públicas de España y Otros Estados -AESMIDE- señalan que, entre las novedades de la nueva ley, ésta hace desaparecer el contrato de gestión de servicios públicos y el contrato de colaboración servicio público/privado y se aumentan las exigencias que deben cumplir las entidades públicas para evitar adjudicaciones directas que puedan perjudicar la libre competencia.

También se suprime la cuestión de nulidad, se amplía el ámbito de aplicación del recurso especial y se señala que la interposición de recursos no tendrá carácter suspensivo automático en el caso de recurrir la adjudicación de un acuerdo marco o en el marco de un sistema dinámico de adquisición.

Los artículos 71, 72 y 73 se centran en las prohibiciones para contratar para acabar con el fraude, incrementando los casos, modificando la competencia, el procedimiento y los efectos de su declaración.

Asimismo, se amplía la información mínima a difundir en el perfil del contratante, se incrementa la información a publicar sobre la composición de la UTEs, podrá no dividirse el objeto en lotes si se justifica, se introduce un nuevo procedimiento de asociación para la innovación y se ponen mayores exigencias a los pagos a los subcontratistas y contratistas.

Por último, la nueva ley impulsa la contratación electrónica y crea nuevos órganos de coordinación y cooperación y de supervisión y control como el Comité de Cooperación en Materia de Contratación Pública y la Oficina de Supervisión de la Contratación Pública.
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