Un manifiesto firmado por 33 jueces catalanes ha encendido la controversia en círculos constitucionales y judiciales españoles. Recientemente se ha publicado que el Consejo General del Poder Judicial una denuncia un grupo de jueces. En la denuncia se les acusa  por haber firmado un documento titulado “Manifiesto de jueces por el Derecho a decidir”. El Consejo evaluará si su conducta pudiera una falta grave consistente. Específicamente, pudiera ser un “incumplimiento consciente del deber de fidelidad a la Constitución”.

Voceros judiciales consultados se negaron a manifestarse sobre la posible responsabilidad disciplinaria de los firmantes. Tampoco quisieron dar su opinión  sobre el derecho de un juez, como ciudadano.Según esto, el podría, en ejercicio de sus derechos civiles, expresar apoyo al proceso soberanista. No obstante expresaron sus dudas sobre la pertinencia del documento  y la oportunidad política de su publicación. 

Lo que sí expresaron estos voceros en relación al manifiesto, fue que sus firmantes no evaluaron el posible descrédito que podría traer a la justicia española. De hecho, sondeos de opinión han confirmado que sí hubo daños por causa de la politización que se percibe en el escrito. Es más, opinan los voceros, el manifiesto adolece, al menos, de inexactitudes jurídicas. 

Adicionalmente tal manifiesto está plagado de afirmaciones de contenido estrictamente político que son incompatibles con nuestro Ordenamiento Jurídico-Constitucional. Por otro lado podrían acarrear gravísimas y perniciosas consecuencias sobre la opinión pública no especializada. Estos, por su misma condición, podrían confundirse precisamente por el carácter de jueces y magistrados de los firmantes. Estas y otras opiniones de especialistas en la materia serán analizada en los próximos párrafos. 

El manifiesto por el “derecho a decidir”

Punto de partida erróneo

El manifiesto comienza afirmando que la cuestión clave del debate pasa por aceptar o no la realidad nacional de Cataluña (su plena soberanía) para decidir sobre su futuro. Según los especialistas, tal afirmación, aunque con cierta trampa, tiene la virtud de poner el dedo en la llaga. 

El enunciado hace implicar la supuesta soberanía como parte de la realidad nacional de Cataluña, lo cual falsedad jurídico-política. Tan es así, aclaran los especialistas, que la existencia de los llamados Estados soberanos plurinacionales echa por tierra la implicación. Dicho de otro modo, la soberanía no es una cualidad esencial de las nacionalidades.    

No obstante la treta del enunciado, cualquier jurista serio no tardaría ni cinco minutos en negar tal afirmación. Para ello sólo le bastaría leer la sentencia 31 del Tribunal Constitucional del año 2010. En ella se establece que la soberanía nacional reside en la totalidad del pueblo español, y no en las comunidades autónomas que la integran. Sin embargo, los jueces firmantes del manifiesto (jueces soberanistas) , tratan de convencer a la opinión pública de lo contrario. Para lograr su fin, opinan los expertos consultados, los jueces parten del hecho que, según ellos, no admite discusión y que es que “Cataluña es una nación”. 

¿Qué errores se cometen en la introducción del documento?

Luego de hacer el análisis de la introducción del manifiesto los expertos consultados coinciden en afirmar que existen errores. Específicamente, con la afirmación de que “Cataluña es una nación” se cometen, al menos,  tres errores: 

  1. Elevar a la categoría de axioma algo que por su carácter polisémico es, al menos, una cuestión sumamente discutible, además de ser jurídicamente incorrecto. 
  2. Mantener tal axioma a pesar de que no tiene encaje jurídico-constitucional de acuerdo con reiterada doctrina del Tribunal Constitucional. 
  3. Los jueces soberanistas, con tal afirmación, abandonan el análisis estrictamente jurídico. De hecho, se introducen de lleno en el más rabioso debate político. De manera tal que su hipotética aportación jurídica se transforma en un mero comentario político muy cercano al independentismo.

Los soberanistas tratan de sustentar su categórico e indiscutible (para ellos) axioma basándose en consideraciones históricos manipuladas en su beneficio. Según ellos, Cataluña es una nación porque  “esta realidad viene determinada por una historia, una cultura y una lengua propia”. Completan su razonamiento suponiendo que existe “una reiterada y perseverante voluntad de ser reconocida como sociedad nacional diferenciada”. Olvidan los jueces, que el reconocimiento ya existe dentro del concepto de la plurinacionalidad. Esto, obviamente no los satisface, cierran el comentario los entendidos del tema.

¿Dónde falla el documento desde el punto de vista jurídico?

Los entendidos llaman la atención sobre el hecho de que el análisis jurídico del manifiesto peca por omisión. El debate se traslada a la historia, la lengua y la cultura, sobre los que se podría hacer un análisis, pero se perdería mucho tiempo. Lo que si se esmeran en señalar es que el documento, a pesar de que habla de principios y valores democráticos, es irrespetuoso. Los jueces “soslayan nuestro derecho positivo” y no respetan la historia reciente española.  

El manifiesto da por cierto un hecho que, de forma interesada y partidista, se está multiplicando, sin tener prueba alguna, en algunos ámbitos políticos. En efecto, se  afirma que el reconocimiento de la supuesta realidad nacional catalana no fue, en su momento, muy explícito. Ubican las razones en el modelo de transición a un régimen democrático y el peligro de involución confirmado en 1981. 

El intento de deslegitimación de la Constitución Española es obvio. Presuponer que está tutelada por razones o hechos ajenos al principio democrático, es incomprensible e inaceptable. En especial cuando proviene de funcionarios públicos que tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir dicha constitución. 

Sugieren los expertos consultar el libro “El PNV ante la Constitución”. Allí se explica, con todo lujo de detalles, las razones por las que el PNV se abstuvo en la aprobación de la Constitución. Cabe recordar que en esa oportunidad los nacionalistas catalanes votaron a favor. Siendo así entonces, los soberanistas deberían señalar dónde se citan las “bien conocidas” razones que argumentan.

El análisis político también adolece de fallas

El manifiesto no se conforma con deslegitimar la Constitución. Aún más, hace recaer sobre el Tribunal Constitucional la responsabilidad de desvirtuar el Estatuto de Autonomía de Cataluña del 2006. Trata de poner en duda su legitimidad para ejercer su función, cual es, expulsar del Ordenamiento Jurídico aquellas leyes que violan la constitución. Verbi gratia, el Estatuto de 2006 el cual viola la Constitución de forma abierta y flagrante en numerosos artículos.

Continúa el documento con su análisis político, aunque con cierta contradicción, ya que se termina aceptando el rechazo constitucional del axioma fundamental planteado. Este no es otro sino el de “Cataluña es una nación”. La contradicción se plantea cuando se afirma que la última decisión del Estatuto de 2006 fue desvirtuada por la sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de julio.

Luego de poco prometedores antecedentes, el manifiesto parece querer volver a la senda del análisis estrictamente jurídico. En consecuencia declara que “en contra de lo que se afirma, consideramos que este derecho a decidir se puede ejercer en el actual marco constitucional”. Aclaran que que esta acción tiene posibilidades “desde una perspectiva dinámica y viva, no sacramental, de la Constitución”.

De nuevo los especialistas advierten que las palabras rimbombantes que se usan en el manifiesto enmascaran la realidad y esto es una perversión del lenguaje. Lo que los jueces firmantes llaman “perspectiva dinámica y viva, no sacramental, de la Constitución” es una “perspectiva autodestructiva de la Constitución contraria a ella misma”.

¿Base jurídica para una secesión?

La consulta soberanista que se basa en el llamado “derecho a decidir” no es más que el punto de partida de una secesión. Esta temeraria acción sólo puede llevarse a cabo a través de una reforma constitucional aprobada en los términos previstos en la Carta Magna. El llamado derecho a decidir es, en realidad, un intento de reforma constitucional al margen de la Constitución. Esto es,definitivamente, un robo de la soberanía nacional. Hay que ser muy cándido para no verlo y la candidez no es la mejor virtud de un juez.

Donde los jueces soberanistas deforman la realidad jurídica es cuando usan el Derecho Internacional. En este caso, lo usan para hacer creer que ampara el proceso soberanista catalán. Tratan de forzar a que el reconocimiento de esta afirmación por parte del estado español sea una obligación. Esto según los entendidos, no deja de ser una afirmación carente del más mínimo apoyo legal.

Si es cierto que la soberanía de los Estados y el Derecho a su integridad territorial forman parte de los principios fundamentales del Derecho Internacional. No obstante, bajo ningún concepto, se reconoce el derecho a la secesión de una parte de un Estado democrático. Especialmente si en él se respetan los derechos fundamentales de los ciudadanos, como es el caso de España.

En ese sentido, la referencia que el manifiesto hace a Canadá, no puede ser sino muy desafortunada. La sentencia de 1988 del Tribunal Supremo de Canadá, declaró que ninguna norma jurídica canadiense o internacional, permitía a Quebec separarse unilateralmente de Canadá. Aún más, determinó que bajo ninguna circunstancia era aplicable a Quebec el llamado derecho de autodeterminación de los pueblos. Si estos son los argumentos del llamado “derecho a decidir”, son la mejor prueba de que son “jurídicamente inconsistentes”.

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