El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, tiene a su cargo la investigación contra varios ex altos cargos marroquíes por el asesinato de ocho ciudadanos saharauis. Estos nativos del Sahara Occidental, se hallaban enterrados en una fosa común. Hoy se espera que sea un dia que es considerado clave en el caso. En el dia de hoy le tocará declarar a un grupo de peritos del informe en el que se basa la querella.

El juez Ruz citó para hoy a dos investigadores de la Universidad del País Vasco, Francisco Etxeberria y Carlos Martín. Ambos son los autores del informe. Dicho informe informe tiene por título “Meheris: La esperanza posible”. En él se basaron varias organizaciones de apoyo al pueblo saharaui para presentar la querella que el juez ha acordado extender. El asesinato tuvo lugar en Smara (Sahara Occidental) e involucró a ocho ciudadanos saharauis (seis adultos y dos menores). Asimismo, estas asociaciones denuncian la desaparición de de 542 personas desde 1975, muchas de ellas con nacionalidad española.

Según los reportes, estas personas fueron objeto de una ejecución el 12 de febrero de 1976 con armas de fuego. Junto a los cuerpos se encontró documentación variada, incluidos dos DNI españoles. Por otro lado, el informe de la exhumación también ha aportado pruebas sobre la identidad de los asesinados. El juez pidió a los peritos todo este, y cualquier otro que tengan, para incorporarlo al expediente del caso.

El asesinato sahariano y la justicia española

El juez Ruz señala, en el escrito de citación, que este caso de asesinato múltiple está siendo tratado por la corte como un caso de genocidio. El caso, aparte del asesinato, abarca lesiones y torturas, por esa razón acordó admitir la ampliación del mismo. Con ella el juez espera “iniciar la investigación y concreción de hechos y responsabilidades” que en ella se denunciaban.

Por otra parte, la denuncia también señala que, a partir de 1975, año en el que España se retiró del Sahara, Marruecos ocupó el territorio sahariano. Una vez allí, afianzó su dominio a través de una cruenta guerra contra el pueblo saharaui. Durante un lapso de dieciséis años, el pueblo nativo fue víctima de una masacre. El Ejército marroquí llevó a cabo secuestros, encarcelamientos y desapariciones de cientos de saharauis.

Según informaciones provenientes de los círculos legales, la Audiencia Nacional lleva este caso en virtud al principio de la justicia universal. De acuerdo con este principio, un juez español puede perfectamente investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional. No obstante, el Congreso ha aprobado restricciones a esta práctica con el voto en solitario del PP. 

La exposición de motivos para la modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) es muy clara. En ellas se establece que cualquier causa que se abra deberá estar legítima y justificada. Tanto la legitimidad como la justificación debe venir por la existencia de un tratado internacional que lo prevea o autorice. De igual manera debe sustentarse en los compromisos adquiridos al haber ratificado España el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

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