Los asesinatos, robos, violaciones y otros hechos de inseguridad ciudadana, han dejado de ser hace tiempo en América Latina parte de la sección de sucesos. En consecuencia, se han convertido en un tema central de análisis de la ciudadanía y de cualquier gobierno. La razón principal es que la  inseguridad ciudadana afecta a toda la región. Hasta el momento tanto los índices de delincuencia, como la violencia empleada no han dejado de incrementarse.

El problema es generalizado, aunque es obligado señalar las importantes diferencias sociales, económicas y políticas de la región. Lo cierto es que existen realidades cualitativas y cuantitativas muy dispares. Las respuestas ante la situación de inseguridad ciudadana es disímil dentro de la misma región. Por ejemplo, mientras que en Río de Janeiro muestran impotencia ante el aumento de la tasa de homicidios, en Guatemala aumentan los civiles armados por la misma razón.

Un análisis más profundo de la inseguridad ciudadana

Para el análisis del problema de la inseguridad ciudadana es preciso tener en cuenta numerosas variables de diferente naturaleza. Algunos especialistas aseguran que la pobreza pueda ser uno de los motivos. No obstante existe un consenso  general en el que no es el único ni necesariamente el principal.

Como ejemplo, existen países donde dichos índices de inseguridad ciudadana no son tan altos, como en Chile y Costa Rica. Ambos países destacan por su nivel de crecimiento y bienestar respecto al resto de la región. Por otro lado, está el caso de Nicaragua y Bolivia que poseen índices de inseguridad inferiores a sus vecinos más próximos. Sin embargo, ambos se encuentran entre los países más pobres de la región. 

Esta comparación pone en evidencia la complejidad del problema y la imposibilidad de explicarlo mediante un único factor. Es preciso tener en cuenta numerosas variables de diferente naturaleza. Así pues, aunque la pobreza pueda ser un motivo no es el único ni necesariamente importante.

Medidas impuestas por los gobiernos en sus regiones

Es una realidad que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos se encuentran desbordados por la inseguridad ciudadana y se muestran incapaces de ni siquiera controlarlo. El problema les aumenta a pesar de que han aplicado medidas de seguridad y represión para ponerles freno. La impotencia gubernamental ha desembocado en que no sólo sean las fuerzas policiales quienes se encuentren volcadas en combatir esta delincuencia. De hecho, cada vez con mayor frecuencia, las fuerzas armadas se involucran en hechos de inseguridad ciudadana.

Esta medida, que puede ser popular entre la ciudadanía latinoamericana, puede tener importantes consecuencias políticas e institucionales. Específicamente, se corre el riesgo de militarizar la seguridad interior y espacios de actuación destinados a autoridades civiles. Esta posibilidad es mayor en aquellos países con una debilidad institucional de carácter estructural. Dentro de esta categoría entran una buena parte de los Estados latinoamericanos. 

La iniciativa de involucrar militares en la lucha contra la inseguridad ciudadana redunda en la debilidad del Estado ya que se niegan sus instituciones y el prestigio de las mismas. En consecuencia aumenta los índices delictivos por esta debilidad estructural del Estado.

Si bien existe la necesidad de aplicar medidas de carácter represivo, como parte de la solución, estas deben ser limitadas. En la medida en que no se apliquen políticas para fortalecer las estructuras estatales, sólo empeorará el problema al que se pretende dar solución.

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