Contrariamente a lo que se pudiera pensar ser un testigo protegido en España difiere mucho en serlo en otras partes del mundo. Por un instante, imagina que has descubierto el paradero de un importante fugitivo y lo denuncias. Si el fugitivo descubre que fuiste tu quien lo denunció, obviamente tomará represalias en tu contra. La solución para protegerte sería entonces pedir que te introduzcan en el programa de protección de testigos español.

Ahora bien, esto no es así de fácil y directo. Por ejemplo, si te encuentras a un fugitivo y alertas a la Policía de su paradero, simplemente, eres un ciudadano que colabora con la Justicia. A estas alturas aún no eres un testigo. Los cuerpos de cuerpos de seguridad investigarán cualquier dato que un ciudadano les facilite, incluso hasta de forma anónima les facilite.

En la situación arriba mencionada, tu declaración no es necesaria para incriminar al fugitivo. El requisito indispensable para que puedas considerarte como testigo, es formar parte de la investigación. En consecuencia, un testigo protegido es aquel ciudadano cuyo  testimonio es una prueba incriminatoria. Dado que su vida pudiese estar en riesgo, su identidad se mantiene oculta.

En España existe la Ley Orgánica 19/1994 que regula esta figura legal. A este tipo especial de testigo se las protege, por un lado, para garantizar su integridad física y su vida. Asimismo se protege a su familia en caso de que también peligre. Por el otro, para impedir que deje de testificar por miedo a las consecuencias. Es decir, el programa de testigo protegido protege, tanto al testigo, como al proceso judicial.

Un testigo protegido en España: ¿Qué significa esto?

La condición de ser un testigo protegido no es algo que se pueda elegir. Al respecto, el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, da sus explicaciones. Sexmero aclara que los programas de protección de testigos se desarrollan en un doble ámbito, uno policial y otro judicial. 

Durante la primera fase de investigación, la policial, es este cuerpo quien decide si un testigo es merecedor o no de protección especial. Generalmente, se trata de garantizar el anonimato del individuo, aunque puede incluirse escoltas o vigilancia en su domicilio. Una vez que se pasa a la investigación judicial, es el juez de instrucción quien debe ratificar dicha decisión, suspender o, incluso, aumentar la protección.

Para que el estatus de testigo protegido se conceda  se tienen en cuenta varios factores. El primero de estos factores es el delito del que haya sido testigo. Tienen máxima relevancia los crímenes relacionados a terrorismo, narcotráfico y prostitución. También se considera como una factor relevante, la peligrosidad del acusado. Sin embargo, reconoce Sexmero, en ocasiones es mayor la sensación de peligro que percibe el testigo que la objetividad real de la amenaza.   

El objetivo de proteger a un testigo consiste, según afirma Sexmero, en “proteger la fase inicial de la investigación”. En consecuencia, los programas de testigo protegido en España se desarrollan mientras ésta dure. Una vez que la investigación, tanto policial como finaliza, el testigo ya no goza de protección especial. Es decir, tendría el mismo tratamiento que cualquier otro ciudadano en caso de recibir amenazas o sufrir agresiones.

Limitaciones y diferencias con programas similares en otros países

El programa de testigo protegido español no garantiza el anonimato del testigo. Solo garantiza que su identidad no conste en los documentos públicos de la investigación. Si por alguna razón, ha mantenido relación alguna con el imputado, “éste puede deducir quién es aquel que declaró en su contra”. “El testigo no puede aspirar a que no le conozca si es conocido por el imputado”, razona Sexmero.

Con todo esto, el ser un testigo protegido en España no es tan seguro como serlo en Estados Unidos. A diferencia de lo que sucede aquí, allá se protege al testigo antes, durante y tras el proceso judicial. Aquí en España se le protege sólo antes y durante el proceso en el que participa como testigo. 

En los estados Unidos, el Departamento de Justicia, con su presupuesto millonario, garantiza la discrecionalidad para cualquier persona que testifique. Esta protección es particularmente relevante en casos de de terrorismo y narcotráfico. El programa inició en el año 1960 y está coordinado por el Departamento de Justicia. Está pensado para proteger a los testigos amenazados antes, durante y después de un juicio. Lamentablemente, en España tal protección es sólo hasta que se celebra el juicio.

En algunos estados como los de Illinois, Nueva York y Texas existen programas propios de testigos protegidos con más medios que los que se aplican en el resto del país. En estos casos, los testigos y sus familiares tienen derecho, a disponer de nuevas identidades. Incluso, durante un tiempo, se les facilita un sueldo y una casa donde vivir. Además, también se les da un trabajo provisional. En total, se han acogido a estos programas unos 9.000 testigos y unas 10.000 familiares en las cuatro últimas décadas.

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